Dos empresas de vigilancia se han llevado 170 millones de pesos en los cuatro años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich; la más beneficiada es propiedad de un primo de su esposo, Sergio Torres Ibarra, con 97 millones de pesos.
Por Antonio García Viera*
El martes 14 de marzo de 2017 Florencia recibió una llamada telefónica. Le preguntaron si acudiría a ver a sus tres nietos que se encontraban en la casa hogar Unacari, bajo responsabilidad del DIF Sonora. Cuando contestó de forma afirmativa, le dieron la noticia de que Nahomi, su nieta de 9 años, se había escapado.
La fuga había sucedido desde el domingo, pero a Florencia le avisaron una hora antes de que llegara a la visita. Su nieta se fue junto con un niño de 9 años, otra niña de la misma edad, y una adolescente de 16.
Los cuatro lograron burlar la seguridad de un espacio que las autoridades dedicadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuidan con lujo de detalle, según consta en documentos oficiales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Su huida provocó una gran movilización, que les llevó a las autoridades cuatro días para encontrarlos.
El día de la fuga el resguardo de las instalaciones estaba a cargo de una empresa conocida comercialmente como SISPS, que tiene como razón social Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora S.A. de C.V., que en este rubro ha sido la más beneficiada en la presente administración estatal con 97 millones de pesos, seguida de Excelencia en Seguridad Privada FASA, que ha recibido más de 80 millones.
Ambas empresas se llevan más del 50% del presupuesto que el poder ejecutivo del gobierno del estado de Sonora destina -a través de sus diferentes dependencias- para el gasto en seguridad privada y vigilancia, que en los primeros cuatro años de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se incrementó 57%, al pasar de 77.4 millones de pesos gastados en 2015, a erogar 122 millones al cierre de 2018.
La empresa SISPS, encargada de la vigilancia el día que se escaparon los menores de la casa hogar Unacari, continúa prestando sus servicios al DIF y tiene como representante a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de Luis René Ibarra McLaurin, quien es primo directo de Sergio Torres Ibarra, esposo de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
Los datos del Registro Público de Comercio permiten saber que la empresa fue creada en abril de 2013 por el padre de Luis René, Alejandro René Ibarra Platt, quien es hermano de la mamá de Sergio Torres Ibarra, Margarita Ibarra Platt, que desde el inicio de la administración y hasta este año fungió como presidenta honoraria -es decir, sin responsabilidad legal ni administrativa- del DIF Sonora.
El 11 de noviembre de 2015, casi dos meses después de la llegada al poder de Claudia Pavlovich Arellano, Alejandro René Ibarra Platt cedió el control de la empresa a Michelle Marie Salido Huerta, esposa de su hijo Luis René, quien también aparece como socio.
A través de solicitudes de información, así como con una serie de documentos como contratos y las cuentas públicas anuales, se pudo comprobar que durante la presente administración, el estado -a través de sus diferentes dependencias- elevó en 57% su gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para llegar a 122 millones al cierre de 2018. En la pasada administración estatal SISPS no recibió ningún contrato.
El estado habrá destinado 340 millones de pesos entre 2016 y 2019 para el cuidado de oficinas y espacios públicos, de los cuales ha entregado 170 millones, el 50%, a las empresas Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora (SISPS) y a Excelencia en Seguridad Privada FASA. Ambas tienen a las esposas de los propietarios como representantes legales, lo que permite no se relacionen directamente a las empresas con los nombres de los personajes públicos mencionados.
Se solicitaron entrevistas a ambas empresas pero ninguna dio respuesta ni vía telefónica ni por correo electrónico.
Fausto Salazar Gómez, de acusado
en caso ABC a contratista beneficiado
Fausto Salazar Gómez fue detenido en septiembre de 2011 por su probable responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo Sonora, que provocó la muerte de 49 niñas y niños. Se desempeñaba como director de recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, de la cual dependía la bodega en la que inició el fuego que se propagó a la guardería. Cuando fue detenido libró la cárcel al cubrir una fianza superior a los 2 millones de pesos.
En octubre de 2009, cuatro meses después del incendio, Fausto Salazar Gómez creó una empresa denominada Excelencia en Seguridad Privada FASA, con las iniciales de su nombre y primer apellido. Con él aparecieron como socios Juan Carlos y Jorge Horacio Mazón Salazar.
En octubre de 2011, Fausto Salazar renunció a las acciones de la empresa, que fueron adquiridas por su esposa, Mónica Rubio Soto, por Alejandro Mazón Salazar y por Felipe Francisco de Jesús Pavlovich del Razo, primo del padre de la gobernadora, y tío de Epifanio Salido Pavlovich, titular de la Secretaría Técnica del gobierno del estado.
Durante el periodo de 2009 a 2015 esta empresa, conocida comercialmente como Argus Seguridad Privada, no obtuvo ningún contrato con la administración panista de Guillermo Padrés, pero a partir de 2016 ha logrado ingresos por más de 80 millones de pesos.
Al iniciar la administración de Claudia Pavlovich, los hermanos Mazón se retiraron de la participación empresarial, al igual que Felipe Pavlovich del Razo, y cedieron sus acciones a Mónica Rubio Soto, esposa de Fausto Salazar Gómez, y a Jorge Luis Meneses Coronado, según consta en documentos del Registro Público de Comercio.
Las dependencias con las cuales Argus ha obtenido contratos de manera sistemática y sin tener competidores han sido la Secretaría de Hacienda, el Isssteson, la Secretaría de Gobierno, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, y la Secretaría Técnica encabezada por Epifanio Salido.
El caso de SISPS es similar: ha sido beneficiada por 10 dependencias que la han contratado desde 2016, entre las que sobresalen los Servicios Educativos de Sonora, bajo la tutela de la Secretaría de Educación y Cultura; además del DIF y la Universidad Estatal de Sonora.
Los primeros contratos los obtuvo principalmente bajo los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida a tres; sin embargo, durante los tres últimos años ha ganado licitaciones públicas a las que en la mayoría de las ocasiones se presenta como participante única, sin competidores.
En una de las ocasiones en que se presentó otra compañía a competirle fue para la licitación 2019 de los Servicios de Salud en Sonora, que paga el contrato más alto en materia de seguridad privada de todas las dependencias. La empresa Seguridad Privada del Desierto hizo una oferta menor, con diferencia de 100 mil pesos, y le quitó la posibilidad de llevarse a SISPS un contrato anual por 20 millones de pesos.
Las dos empresas obtienen más
presupuesto que algunas dependencias
En la presentación de la propuesta de presupuesto de egresos que hace la administración estatal para la partida 33801, orientada a los gastos por seguridad y vigilancia privada, ha contemplado en el periodo 2016-2020 ejercer presupuestos anuales que oscilan entre los 20 y 30 millones de pesos.
Esos montos programados resultan insuficientes para los compromisos que adquieren las diversas dependencias con todos los proveedores. El compromiso de pagar únicamente a las dos empresas mencionadas ha rebasado los topes aprobados anualmente.
Por ejemplo, a finales de 2015, el Ejecutivo entregó al Congreso del Estado una propuesta para gastar 20.7 millones de pesos por estos servicios durante el año fiscal 2016 en todas sus dependencias.
Con los 16.7 millones que recibió Servicio Integral de Seguridad Privada y los 8.1 millones de pesos destinados para pagos a Excelencia en Seguridad Privada FASA, se alcanzaron 24.8 millones entre ambas, llevándose casi el 35% de los 71.3 millones que terminó gastando el gobierno estatal ese año en seguridad privada.
En 2017, el porcentaje de ganancia de ambas empresas subió a 44% del total ejercido; y en 2018, prácticamente se duplicó con respecto al 2016: las dos empresas lograron llevarse dos terceras partes de un gasto máximo histórico para esa partida, alcanzando 81.7 de los 120 millones de pesos erogados.
De esta forma, las dependencias del Poder Ejecutivo incrementaron 57% el gasto en seguridad privada, al pasar de 77.4 millones de pesos erogados en 2015, para alcanzar los 122 millones en el 2018.
El gasto propuesto por el gobierno del estado en el presupuesto de egresos del año 2020 considera sólo erogar 29.5 millones de pesos, por lo que de seguir la inercia en los resultados de los procesos de contratación, ese dinero no alcanzaría para cubrir ni siquiera a cualquiera de estas dos empresas que han liderado el gasto en seguridad privada durante el sexenio.
El gasto anual en la partida 33801, destinada a servicios de seguridad y vigilancia, representa más de lo ejercido cada año por algunas instancias como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Tribunal Estatal Electoral; el Tribunal de Justicia Administrativa; y la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, cada una con gastos inferiores a los 120 millones de pesos, para toda su operación, incluyendo nóminas, gastos en servicios y demás compromisos.
Roban jardín de niños 20 veces,
pero no hay dinero para guardias
Durante la segunda semana de octubre de este año los ladrones entraron a varias aulas del jardín de niños de nueva creación del fraccionamiento Puerta del Rey, al norte de la capital sonorense. Se llevaron cableado eléctrico y todo el material que los padres de familia aportan con recursos propios para la educación de sus niñas y niños.
De ese hecho se enteraron un lunes. Dos días después, el 9 octubre, los ladrones regresaron. Se llevaron todas las instalaciones de los bebederos de agua que se ubican a la entrada del preescolar.
Así ha sido desde el año pasado, cuando en noviembre de 2018 inició operaciones este plantel. La comunidad de este centro preescolar ha sido víctima de más de 20 robos en el último año.
Por esa razón una comitiva de madres y padres de familia acudió el ciclo pasado, y también al inicio del presente, a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para solicitar la contratación de un guardia de seguridad para el plantel. La respuesta de las autoridades de la SEC fue que no hay recursos para tener un guardia en cada escuela.
En los primeros tres años de la administración, de 2016 a 2019, Servicios Educativos del Estado de Sonora, dependiente de la SEC fue la tercera dependencia con mayor gasto en el gobierno de Claudia Pavlovich, al erogar casi 29 millones de pesos, para el cuidado principalmente de oficinas administrativas.
Una muestra de esas decisiones es el documento que para 2019 firmó esta dependencia, al contratar a la empresa Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora, por un total de 9.5 millones de pesos, para tener la atención de 71 guardias, 49 de ellos en oficinas y unidades administrativas de la capital y 22 más para diversos puntos del estado de Sonora.
El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, Jesús Alonso Montes Piña, indicó que la Secretaría de Educación y Cultura eroga al año cerca de 60 millones de pesos para las reparaciones de las escuelas que sufren algún robo o son vandalizadas.
“En ninguna escuela he visto seguridad privada pagada por la SEC, eso sí te lo aseguro. Ni del sistema federal ni del sistema estatal.
“No podría yo ser tan ligero, tan laxo en decirte: ‘está muy mal que contraten’, muy probablemente se pueda justificar (el pago de guardias en oficinas y bodegas). Lo que sí, yo no sé si las formas en que se pueda contratar a una empresa sean las correctas o no”, cuestionó Montes Piña.
Retrasan pagos a empresa non grata
Los automovilistas se molestaron cuando un grupo de 20 guardias de seguridad se atravesó a lo ancho de la calle Reforma, frente al Hospital Infantil del Estado (HIES), y detuvo el tránsito vehicular en la zona norte de Hermosillo. En sus manos sostenían pancartas con colores fosforescentes, en los que todavía resaltaban más sus mensajes: “Exigimos nuestro pago”; “Nuestras familias comen”; “Exigimos pago de quincena”; “Mis hijos tienen hambre”.
Un representante de la Secretaría de Salud, de quien depende la administración del HIES, se acercó con ellos ese 7 de noviembre, para informarles que se encontraban en gestiones con la empresa Seguridad Privada del Desierto para que se hiciera responsable del pago a los vigilantes.
No era la primera ocasión en que se retrasaban con la nómina. Y tampoco fue la última…
La situación se repitió apenas cinco semanas después.
Claudio Huidobro, un representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dio a conocer el viernes 13 de diciembre que más de 230 guardias de seguridad de la empresa Seguridad Privada del Desierto no recibieron pago de su sueldo, situación que los llevó a tomar las oficinas de la Secretaría de Salud, para ejercer presión.
“Recordemos que el Congreso del estado hace la aprobación de los presupuestos, y etiqueta recursos para seguridad y limpieza. Y son recursos etiquetados, es decir, no deberían estar faltando, debería pagarse mes con mes la prestación del servicio.
“Ahorita la empresa aduce que se le adeudan seis meses por la cuestión de servicios y que no tienen dinero para el pago de la raya que es el día 17 (de diciembre), del aguinaldo, sigue otra raya el día 2 (de enero); y parece ser que se concluye el contrato de prestación de servicios de esta empresa, y tendríamos que hablar del finiquito de liquidación de los compañeros”, explicó el representante de la CTM.
La Secretaría de Salud, a través de un representante que atendió a los manifestantes ese día, recordó Huidobro, se comprometió a cubrir los adeudos con la empresa, aunque la preocupación aumenta porque a partir del día 20 de diciembre, los servidores públicos inician periodo vacacional por motivos de las fiestas decembrinas, y el contrato con la empresa concluye el último día del año.
El Malpensado solicitó una entrevista con los propietarios de la empresa Seguridad Privada del Desierto. Aunque no la concedieron, confirmaron a través de un empleado que la Secretaría de Salud les ha retrasado los pagos.
Seguridad Privada del Desierto ganó este 2019, a través de una licitación pública nacional, el contrato de 20 millones de pesos con la Secretaría de Salud, tras ofertar una propuesta 100 mil pesos por debajo que la hecha por SISPS, empresa que a la mayoría de las licitaciones llega sin competidores.
Evasión de obligaciones ante el Seguro Social
La empresa SISPS, propiedad de Luis René Ibarra McLaurin -primo del esposo de la gobernadora de Sonora- tiene contratos firmados para 2019 con al menos 10 diferentes dependencias estatales como el DIF, la Secretaría de Hacienda estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, entre otras.
Estos compromisos, le requerirían al menos 284 guardias simultáneos para cada turno de 12 horas, por lo que para cubrir ambos turnos, necesitarían de al menos 568 guardias.
Sin embargo, tras una búsqueda en bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución ante la cual las empresas deben registrar a sus empleados, no sólo por Ley, sino porque se encuentra establecido en el contrato de prestación de servicios con cada dependencia, se halló a mediados de noviembre que únicamente tiene 13 trabajadores permanentes dados de alta y 76 eventuales.
Hay opacidad en el gasto, asegura diputada
El órgano que revisa el ejercicio de los recursos públicos para que el Poder Legislativo cumpla con una obligación constitucional es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Sin embargo, sus funciones quedan acotadas por diversas razones, explicó la diputada Diana Platt Salazar, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado.
“El ISAF solamente hace observaciones, quien integra los expedientes, quien le da seguimiento a una malversación, un desvío de recursos o un mal ejercicio es la Contraloría del Estado, entonces sabemos que ahí es donde realmente se le da trámite a eso o se detiene”, agregó.
En octubre de este año el Congreso del estado informó que después de revisar las cuentas públicas de 96 entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, se determinaron 1,397 observaciones que fueron solventadas; y quedaron 167 en proceso de análisis y 45 por atender.
Para la legisladora, el gobierno del estado gasta a discreción una cantidad millonaria de recursos, porque una vez que el Congreso aprueba el presupuesto para cada año, ya no tiene injerencia hasta que concluye el año fiscal, y hasta que reciben la cuenta pública y las auditorías del ISAF.
Esta situación permite que el Ejecutivo realice reordenamientos financieros y ampliaciones al presupuesto durante el año fiscal sin avisar al Poder Legislativo.
“Es una gran cantidad de recursos que quedan a discreción porque esas autorizaciones de ampliaciones de presupuesto, o modificaciones al presupuesto no pasan por el Congreso del Estado”, agregó Platt Salazar.
La fracción XXV del Artículo 64 de la Constitución del Estado de Sonora, referente a las facultades del Congreso local, menciona lo referente a la cuenta pública:
“Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las cantidades ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley”.
Para conocer más sobre el papel del ISAF, El Malpensado solicitó una entrevista a través de la oficina de vinculación, pero no obtuvo respuesta. De igual forma no se obtuvo respuesta de la Contraloría del Estado ni de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
La diputada María Dolores del Río Sánchez, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, explicó que el estado se encuentra en el camino a modificar leyes y reglamentos que permitan tener mejores herramientas para enfrentar los actos de corrupción, como por ejemplo, tener detalles de las compras que se realiza el gobierno y a quién se beneficia con esos contratos.
“El problema es que tenemos una Ley de Adquisiciones muy vieja, y son de las cosas que tenemos que mejorar. Cuando te hablaba que hay la oportunidad en la Comisión Anticorrupción de modificar leyes, una de las leyes que es importante es precisamente la Ley de Adquisiciones”, aseguró del Río Sánchez.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana cuenta con una serie de indicadores agrupados en la plataforma Data Coparmex, con la finalidad de medir los retos en economía para cada entidad federativa, entre los que destaca una medición denominada “México sin corrupción”.
El presidente de Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz González, explicó que el resultado del indicador se obtiene a través de encuestas con los empresarios socios del organismo, para conocer su opinión y percepción sobre corrupción en la interacción con el gobierno.
La opinión de los empresarios sobre el gobierno estatal en Sonora, arrojó en marzo de 2018 que un 43% de los encuestados tiene una percepción negativa, que fue disminuyendo hasta llegar a 33% en noviembre de 2019.
“Aún así, 30% sigue siendo alto, de un fenómeno que no debería de suceder, que debería de ser cero. Aunque nos estamos dirigiendo en esa dirección, falta mucho trabajo aún por hacer”, explicó el dirigente de Coparmex Sonora Norte.
CRÉDITOS:
Investigación: Antonio García Viera
Edición: Lorena Lamas
Ilustración: Carlos Mendoza
Infografía: Gabriela Guerrero
* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.