De acuerdo con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Delia Beatriz Rendón Perla debió haberse apartado de los procesos ganados por el esposo de su hermana, por los cuales el empresario ganará más de 26.9 millones de pesos por rentas de inmuebles a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública en Sonora
Por Antonio García Viera, Ramsés Tamayo y Mónica Miranda
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en Sonora (ISAF) investiga a la administradora general de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), Delia Beatriz Rendón Perla, por la contratación de su cuñado Roberto Vázquez Muñoz como arrendador para la misma dependencia donde ella labora, caso que El Malpensado expuso a través de un reportaje publicado en mayo de este año.
La auditoría, presentada por el ISAF en septiembre, considera que la servidora pública podría haber incurrido en conflicto de interés y en el delito de ejercicio abusivo de funciones, que es sancionado con destitución, multa y prisión de 1 a 10 años.
Sobre dicha investigación, Rendón Perla declinó una entrevista solicitada a través de la oficina de comunicación social de la SSP, y fue por medio de esa área que emitió su postura en un mensaje de texto.
“La observación referente al arrendamiento de las bases (operativas) apareció parcialmente solventada porque no se incluyó en la certificación de documentos un oficio, el cual ya fue entregado, dándose cumplimiento a la observación”, afirmó la administradora de la SSP.
En una consulta realizada antes de esta publicación, el ISAF no confirmó que exista una resolución, por lo que la auditoría se mantiene como “parcialmente solventada”, es decir, el procedimiento continúa después de la entrega de documentos hecha por Rendón Perla, mismos que deberán analizarse para deslindar posibles responsabilidades.
En el reportaje “Con aval, paga a su cuñado más de 10 mdp en rentas para Seguridad Pública estatal” El Malpensado dio a conocer este año que la SSP tiene como arrendador a Roberto Vázquez Muñoz, cuñado de Rendón Perla, para el uso de inmuebles como bases operativas de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Guaymas y en Ciudad Obregón, contratos por los que -junto con arrendamientos anteriores- el empresario obtendrá más de 26.9 millones de pesos en el periodo en que ella ha estado al frente de los procesos de contratación de la SSP, mismo que inició en septiembre de 2015.
Entrevistada para el reportaje anterior, la Coordinadora Estatal de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró a El Malpensado contar con la documentación suficiente para desestimar el posible conflicto de interés, principalmente porque antes de las contrataciones informó sobre la relación familiar a sus superiores jerárquicos, el exsecretario de Seguridad Pública Adolfo García Morales, y al actual titular, David Anaya Cooley.
BENEFICIOS ECONÓMICOS A SU CUÑADO
El documento del ISAF contiene un apartado sobre la “normatividad infringida”. Ahí se señalan los “Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del estado de Sonora; 190 fracción I del Código Penal para el Estado de Sonora; 6, 7, 55, fracción X y 97 de la Ley Estatal de Responsabilidades; y demás que resulten aplicables”.
La fracción I del Artículo 190 del Código Penal para el estado de Sonora está relacionada con el ejercicio abusivo de funciones, al producir beneficios económicos a su cuñado, considerado como pariente por afinidad hasta el cuarto grado.
“…Tal situación implica un posible conflicto de interés con las funciones que desempeña, según lo estipulado en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y el 55 fracción X de la Ley Estatal de Responsabilidades, incumplió con la normatividad establecida, toda vez que las gestiones realizadas fueron posteriores a la fecha de la primera contratación referente al contrato número SSP-ARR-012/19, el cual viene desde el ejercicio 2016”, expresa la auditoría al enumerar los puntos que faltaron a Rendón Perla por aclarar.
El documento de la investigación del ISAF afirma que durante el proceso de defensa, Rendón Perla entregó una serie de documentos que no cuentan con sello de recibido, y otros que carecen de número de oficio, necesarios para el control de correspondencia firmada por servidores públicos.
El ISAF solicitó exhibir una copia certificada de esos documentos, entre los que destacan uno del 30 de mayo de 2019, y otro del 19 de diciembre de 2018, ambos turnados por el Secretario de Seguridad Pública del Estado a Rendón Perla, como coordinadora general de administración, a quien le comunica no tener inconveniente por la contratación de Roberto Vázquez Muñoz, siempre y cuando se aplique la normatividad existente para dicho procedimiento.
Asimismo, en la investigación del ISAF se enuncia otro oficio sin número y sin sello de recibido, del 29 de abril de 2016, que ella dirige al Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado, informando sobre la formalización del primer contrato con su cuñado, por la renta de un inmueble en Hermosillo.
SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA SOLVENTAR
Como parte del proceso de revisión de la auditoría, el ISAF recibió un total de 26 documentos de parte de Rendón Perla, con el objetivo de deslindar su responsabilidad en la entrega de contratos a su cuñado. El análisis de dicha información determinó que se trata de una “Observación Parcialmente Solventada”, término que utiliza el ISAF para distinguir los procesos que todavía no concluyen.
“En el momento en que se hizo la auditoría se entregaron parte de estos documentos y algunos de ellos nosotros por seguridad los requerimos certificados, es decir, nos tienen que certificar cierta documentación para efectos de nosotros hacer válida en el proceso de análisis de esa información para determinar si efectivamente cumple o no con lo que estamos pidiendo”, explicó Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del ISAF.
Los documentos pendientes solicitados para una segunda ronda por el ISAF fueron entregados por Delia Rendón Perla durante la última semana de septiembre, informó a través de la oficina de comunicación social de la SSP.
El Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva declaró que en caso de no poderse solventar, la falta administrativa grave en materia de conflicto de interés sería enviada al Tribunal de Justicia Administrativa, y el posible daño patrimonial que pudiera habérsele causado al Estado, derivado de esa acción, sería investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
“El Conflicto de Interés está considerado como una falta grave. Si a nosotros no nos justifican a satisfacción los documentos que solicitamos, pues pasaríamos el expediente con observación al ‘área de investigación’, para efecto de que integre el expediente correctamente -porque finalmente es como un expediente para un juicio-, lo integre como debe de ser y lo remita a las dos instancias que comentamos”, expresó Moya Grijalva.
El principal análisis se enfoca en si Rendón Perla se excusó ante sus superiores de no participar en los procesos de contratación, conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades, para no incurrir en conflicto de interés.
La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que tras la entrega de la documentación solicitada a Rendón Perla, “la SSP seguirá con la disposición de darle seguimiento a cualquier solicitud que requiera el ISAF”.
IMPORTANTE QUE SE INVESTIGUE CONFORME A LA LEY
Las sanciones administrativas por Conflicto de Interés deben aplicarse cuando se demuestre que el funcionario público actuó deliberadamente con intención de ocultar el acto y en contra de las normas de Transparencia con las que se rigen las instituciones de Gobierno, opinó Manuel Emilio Hoyos.
El representante del Observatorio Sonora por la Seguridad dijo que será obligación del ISAF evaluar si la presunta falta por Conflicto de Interés por la que se investiga a la titular del área de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, no fue informada anticipadamente al superior inmediato.
“El problema del conflicto de interés es no informar y ocultarlo, o hacer las cosas deliberadamente sin autorización. Es ahí donde tendría que hacerse un análisis, me imagino yo que se está haciendo el análisis de parte de las observaciones que se están haciendo, para determinar si el conflicto de interés que se dio, o se ocultó en algún momento”.
Desde el sector civil comentó que se solicita al órgano fiscalizador que se proceda al desahogo de pruebas, en caso de haberlas, de manera objetiva e imparcial para el deslinde de responsabilidades o consignar el expediente ante las autoridades encargadas de sancionar.
La Contraloría General del Estado, dijo Hoyos, realiza capacitaciones frecuentemente en temas de transparencia y rendición de cuentas al aparato burocrático, por lo que todo servidor público debería tener elementos para solventar observaciones en sus áreas durante las auditorías.
Por su parte, Marco Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Estatal dijo que no sería justo que a partir de esta observación realizada por el ISAF, se ponga en duda el trabajo del personal operativo, es decir, los policías estatales.
“Yo creo que de ninguna forma podría ni sería justo a partir de una observación calificar el trabajo de todas estas personas que están haciendo un trabajo verdaderamente heroico. Yo invitaría a quien quiera calificar el trabajo de esta manera que se atrevieran a entrar a esta labor, que es verdaderamente titánica y una circunstancia totalmente adversa”.
Pidió a los entes fiscalizadores encargados de evaluar los documentos requeridos para solventar las observaciones, que actúen con apego a la ley y de cara a la ciudadanía explicando el motivo de sus observaciones con transparencia.
“Yo creo que en materia anticorrupción hay mucho que hacer y mucho tienen que ver con explicarle al ciudadano cuáles son estos procedimientos, con qué criterios se definen las diferentes observaciones y cuáles son los argumentos de ley para poderlo sustentar”, agregó Paz Pellat.
* El presente texto es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.