Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
Por Victoria Félix, Emmanuel Aveldaño, Perla Martínez, Ángel Charles y Adriana Dávila / El Norte
“Jóvenes Construyendo el Futuro” es uno de los programas emblemáticos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en Nuevo León es una herramienta corruptible con la que particulares armaron redes para desviar recursos públicos.
El proyecto, que apoya a los llamados “ninis” (jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan), inició otorgando una beca mensual de 3 mil 600 pesos en 2019 y actualmente asciende a 4 mil 310 pesos, para que se capaciten en el mundo laboral durante un año.
En una investigación hecha por EL NORTE durante cinco meses sobre el funcionamiento del programa, se detectaron fraudes a becarios de los municipios de Linares y del área metropolitana de Monterrey.
En este tiempo se realizaron 140 entrevistas a beneficiarios que aparecen en el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), que encabeza Luisa María Alcalde y es la responsable de ejecutar el Programa.
Se constató que entre 2019 y 2020 un ex funcionario municipal y un aspirante de Morena a Diputado federal utilizaron pequeños negocios, empresas y asociaciones civiles para apoderarse de los recursos de sus becas.
Los hallazgos mostraron dos esquemas de desvío distintos.
En el área metropolitana les ofrecían a los jóvenes un apoyo mensual de mil 600 pesos por acudir a talleres de superación personal, a cambio de brindar sus datos personales y así eran inscritos en el programa federal sin saberlo.
Después, les hacían firmar una carta en la que se comprometían a depositar el resto de los recursos de la beca al responsable de los talleres con el argumento de que era para gastos de logística, aunque éstos nunca se realizaron.
Y en Linares, pequeños negocios simulaban emplear a los jóvenes, pero en realidad eran dados de alta en el programa para desviar parte de la beca.
Los aprendices desconocían el monto total de la beca y recibían entre 250 y mil 600 pesos por mes, o en algunos casos nada, a cambio de sus datos personales. Incluso les decomisaban la tarjeta en la cual les depositaban el pago.
Los modos de operación de los señalados fueron corroborados con testimonios, estados de cuenta bancarios en los que se observaron los movimientos hechos, audios, bases de datos oficiales, actas de las empresas involucradas y conversaciones vía WhatsApp con los ejecutores.
Los fraudes ocurren mientras en el Estado la vigilancia que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que opera el programa, es escasa.
Incluso, una auditoría del órgano de control interno de la Secretaría exhibió en julio del 2020 anomalías en el 55 por ciento de los casos revisados, donde encontraron empresas fantasma que no reunían los requisitos o que funcionaban ilegalmente como centros de capacitación.
El programa operó entre 2019 y 2020 un presupuesto que ronda los 50 mil millones de pesos.
Luego de realizar visitas de campo en Linares, ubicado en la zona sur del Estado, se descubrió que un ex funcionario municipal armó una red con dueños de pequeños negocios para inscribir con engaños a jóvenes y así desviar, según testimonios, sumas que podrían ser millonarias provenientes del erario.
Durante la investigación siete jóvenes revelaron en entrevista la red formada por Reyes Lucio Zurita, quien como Auxiliar en el área de Desarrollo Económico en la Secretaría de Finanzas, del Municipio de Linares, desvió recursos durante meses hasta presuntamente ser despedido en agosto del 2019 y posteriormente continuar operando, al menos hasta noviembre del año pasado.
De acuerdo con los testimonios, tan sólo en Linares hay al menos un centenar de jóvenes que fueron engañados para ingresar al programa federal entre 2019 y 2020, recibiendo mensualmente entre 250 y mil pesos, o en algunos casos nada, pese a que la beca otorgaba en ese entonces un monto de 3 mil 749 pesos al mes.
El modus operandi del ex trabajador municipal consistía en ofrecer un supuesto empleo a los jóvenes, se les daba de alta en el programa y como la mayoría de ellos no acudía a laborar a los centros de trabajo asignados, se les entregaba una cantidad menor al monto correspondiente.
Para formalizar el proceso, los jóvenes detallaron que Lucio los citaba en las oficinas municipales, donde entregaban la papelería requerida para ser registrados en el programa federal.
Tras concretarse el proceso y ser aceptados en centros de trabajo seleccionados por el ex servidor público, la plataforma federal enviaba a los jóvenes por correo electrónico un formato para activar una cuenta bancaria en las sucursales de BBVA Bancomer, donde se harían los depósitos de la beca.
Aprovechando que los jóvenes no conocían el programa y creían ser empleados del ex funcionario, Lucio los acompañaba al banco para tramitar la tarjeta y se las decomisaba para él cobrar mensualmente los recursos y entregar la parte acordada al beneficiario.
Los entrevistados exhibieron estados de cuenta bancarios donde recibían el monto mensual completo de la beca antes de ser retirado por el ex funcionario, además, mostraron conversaciones de WhatsApp y audios donde éste los presionaba para que le entregaran el dinero.
Keila García Alemán, de 22 años y recién egresada de Enfermería, narró que ella decidió aceptar ser parte del programa porque en ese tiempo no tenía trabajo y requería ingresos, pero aclaró que no conocía los detalles del mismo.
“Vinieron unas vecinas a invitarme al programa, sólo me dijeron que les faltaba gente, que iba a ser un apoyo de mil pesos, me tomaron una foto y me pidieron los datos”, relató García, quien estuvo registrada de junio del 2019 a mayo del 2020 y, supuestamente, laboraba en un autolavado, propiedad de Alfredo Betancourt, ubicado en la Colonia Provileon, en Linares, sitio al que nunca acudió.
“Nos citó en el edificio para entregarnos una tarjeta, luego nos mandaron al banco para cambiarle NIP y entregarla. Era en oficinas del municipio, la persona (Reyes Lucio) ahí trabajaba. Éramos como 10 ó 12 personas las que estábamos recibiendo ese pago.
“Nos citaban cada mes para entregarnos el pago y firmábamos una hoja, nunca estuvimos trabajando, varias veces le pedí trabajo y me dijeron que no tenían, le dije que si no me iba dar trabajo para qué me incluía en el grupo.
“Ahí nos citaban (en el autolavado) cuando iban a venir inspectores, fueron como dos veces, nos hablaban para estar ahí, se iba el inspector y nos regresábamos a la casa”, admitió.
Una estudiante de música, de 18 años –que accedió a dar su testimonio bajo la condición de anonimato por temor a represalias–, afirmó que la contactó Lucio vía redes sociales para ofrecerle trabajo y aceptó la oferta ya que ocupaba ingresos extras para comprar una computadora.
A ella le pagaba Lucio mil pesos al mes, pero cuando fue entrevistada por EL NORTE descubrió que estaba inscrita en el programa federal y que la beca era más del triple de lo que recibía.
En su caso, dijo que al recibir los recursos mensuales, tenía que transferir a una cuenta del ex servidor 2 mil 700 pesos y apenas se quedaba con el 27 por ciento del monto total de la beca.
“Me citó ahí en Presidencia, que llevara papelería y la lleve al instante porque me comentó que el pago sería por mes”, contó.
“Me comentó que si me podía pagar por medio de un programa (sin detallar cual)… me dijo que cuánto era lo mínimo que le cobraba porque no tenía mucho para pagarme y que su presupuesto era de mil pesos por mes y yo acepté”.
Recalcó que ella sí laboraba tocando música en un mercado nocturno y en fiestas privadas a las que Lucio le ordenaba acudir.
La universitaria estuvo durante 10 meses en el programa y fue sacada porque los últimos 2 meses no quiso depositar el resto de los recursos, incluso, reveló que en las visitas a la oficina municipal se percató de que había una cantidad mayor de personas en la misma situación.
“El último (pago) que me llegó en octubre no se lo di porque yo le dije a él que no me había llegado, pero pues me marcaba un chorro diciéndome que iba venir, que me iba a sacar porque su empresa le está exigiendo mi dinero y me manda muchos audios donde me dice, ‘ándale ya te estoy esperando, mándame tu dirección’.
“Tiene como unos 40 o 50 jóvenes, tiene muchas bolsas llenas de tarjetas y me tocó ver cuando mandaba a una persona a sacar el dinero de todas las tarjetas y les daba mucho menos que lo mío, todas esas personas no trabajaban y yo sí trabajaba”, relató la estudiante, quien mostró audios y conversaciones con el ex funcionario.
En uno de los audios Lucio acepta que él sólo es un intermediario y presionaba a la estudiante para que le entregara el dinero.
“Tu no estás en mi empresa, yo nada más soy el intermediario entre la empresa y tú”, dijo el ex trabajador municipal, “se supone que trabajas para ellos, que no es así porque no trabajas, y ellos se supone que te tienen a ti de empleada, pero pues tampoco es así.
“Ya va ser 13 (de noviembre) y en el sistema ya aparece que recibiste dos pagos… el dinero va para la empresa a la que tú estás registrada, ese es el acuerdo que hacen las empresas con los chavos”, indicó.
“Si ya te lo gastaste te doy de baja y ellos buscan otra persona, o sea, chavos hay muchos, entonces ellos tienen la empresa y meten a quien ellos quieran”, advirtió Lucio a la joven por no transferir los recursos acordados.
Andrea Banda López, de 20 años, quien no estudiaba, ni trabajaba, también fue engañada por la red que opera Lucio con dueños de pequeños negocios.
Ella fue invitada al programa por Omar Alejandro Selvera y Sandra Briones, propietarios de una Taquería llamada Sofi, ubicada en la Colonia Las Bugambilias, pero sin laborar en el negocio y ofreciéndole un apoyo de 250 pesos mensuales.
“Me llevó con Reyes (Lucio) y me pidieron el CURP, el correo, me tomó fotos, me dijo que me iba llegar una tarjeta donde ellos iban a cobrar, me mandaron un correo, me llegó la tarjeta, fui con ellos a recogerla y cuando la recogí, ellos mismos le cambiaron el NIP y me la quitaron”, dijo Banda, quien admitió acceder programa al no tener trabajo.
“Hay muchos jóvenes a los que están engañando, no nomás era yo, eran varias personas las que a veces íbamos y nos tomábamos la foto y pasaba lo mismo, les quitaban la tarjeta y todo”.
La joven fue acompañada por reporteros a una sucursal de BBVA Bancomer donde se constató que había una cuenta a su nombre. Se solicitó un estado de cuenta y se comprobó que Banda recibió, sin saberlo, 18 mil 148 pesos del programa, en un periodo de 5 meses.
Para poder mantener su trabajo en la misma Taquería Sofi, Josué Mendoza Olvera, de 20 años, fue obligado a inscribirse en el programa, pero durante nueve meses no recibió los apoyos y admitió haber mentido en las visitas de inspectores.
“Era una farsa“, reconoció Mendoza, “a mí me preguntaban (los inspectores en las visitas) que si me estaban dando el dinero y les decía que sí, era la orden. Me decían que si recibía los beneficios del programa y les decía que sí… pero son mentiras, no recibía nada”.
“(El dueño de la taquería) tenía tratos con él (Lucio), me decía a mí: ‘yo le doy dinero a Reyes para que no diga nada y para que meta a personas’. Yo nomás los llevo, meten la papelería y él los arregla, él se encarga de todo eso”.
Al menos otros 12 jóvenes pasaron por la misma situación en la taquería, señalaron Andrea y Josué.
Otros 2 beneficiarios entrevistados revelaron que 9 jóvenes más con los que trabajaron también fueron defraudados.
Todos los entrevistados aparecen dentro del Padrón Único de Beneficiarios del programa, publicado por el Gobierno federal, con sus respectivos montos recibidos durante su estancia en el mismo.
En una estimación hecha con 83 jóvenes engañados con un promedio de 2 mil 748 pesos que les quitaba por mes, el desvío de la red de Lucio asciende en un año al menos a 2.7 millones de pesos, aunque el ex funcionario sigue operando, por lo que el fraude puede ser mayor.
Lucio fue ubicado en un restaurante que opera, y se le pidió una entrevista para que diera su postura sobre las denuncias en su contra, pero se negó a emitir una opinión sobre la red que armó con dueños de pequeños negocios.
El 29 de noviembre del 2019, a nueve meses de que comenzara a operar el programa, Guerrero Ríos constituyó dos empresas: Existir Ser 360 S.A. de C.V. y B Ur Best de Monterrey, S.A. de C.V., de acuerdo con las actas constitutivas de las que se tienen copias.
En Existir Ser 360 aparece como socia Cynthia Marlene Navarro Resendiz, quien es su pareja sentimental y también es aspirante de Morena al distrito 4 federal por Nuevo León, además compró la mitad de las acciones de B Ur Best de Monterrey, S.A. de C.V.
Ambas empresas fueron registradas al padrón de centros de trabajo que otorgan capacitación a los aprendices.
Su modus operandi consiste en ofrecerle a jóvenes una beca de mil 600 pesos al mes por acudir a talleres de superación personal que impartía su empresa Ser 360, una vez a la semana, con el argumento de que se trataba de apoyos altruistas otorgados por empresarios.
Pero en realidad el dinero provenía de las becas que otorga el Gobierno federal.
De esta forma, él se quedaba con los 2 mil pesos restantes de la beca, que en ese momento era de 3 mil 600 pesos.
“Me dijo que ellos estaban dando una beca en la que tú asistías al curso y aparte te pagaban, me decía que me iban a pagar 400 pesos a la semana”, explicó Nallely Gómez Ruiz, estudiante de la Facultad de Medicina de la UANL, de 21 años.
Para formar parte de este esquema, los jóvenes tenían que firmar una carta en la que se comprometían a depositar el resto de los recursos a la cuenta de Banorte número 0469469178, que aparece a nombre de Guerrero.
En capturas de pantalla proporcionadas por la afectada a EL NORTE constan los depósitos que Gómez realizó a la cuenta de Guerrero, con los datos de la operación emitidos por el banco BBVA en donde se menciona la cuenta de retiro, de depósito, el beneficiario, el importe y la fecha en que se realizó.
La Fracción VI del capítulo Décimo tercero de las Reglas de Operación del Programa, establece que los aprendices no deben entregar dinero a los tutores.
“Me llevaron a un lugar a firmar una hoja, donde venía explicado cuánto iba a recibir y cuánto le iba a depositar a ellos… les tenía que depositar los 2 mil pesos, si no no iba a poder entrar”, detalló la joven.
Aunque en la plataforma del programa federal ubican a Ser 360 en la Avenida Lázaro Cárdenas en el municipio de San Pedro, los jóvenes firmaban la carta compromiso en el domicilio ubicado en Quetzal 104, de la Colonia Cuauhtémoc, en el Municipio de San Nicolás de los Garza.
El domicilio no tiene en su fachada ningún anuncio o letrero que haga referencia a alguna de las empresas a nombre de Guerrero, sin embargo, según testimonios de vecinos, ahí era donde se hacían los talleres.
Tras brindar sus datos personales y firmar la carta, la estudiante de Medicina fue registrada en el programa sin saberlo.
Después José Antonio Vélez, colaborador de Ser 360, la acompañó al banco para obtener la tarjeta y le pidió hacer la transferencia.
Los talleres nunca se realizaron y además le pidieron más dinero.
En el tercer mes Gómez Ruiz se negó a realizar el depósito y fue dada de baja.
La joven relató que en la Facultad de Medicina conoció otros cuatro casos de estudiantes que fueron inscritos al programa con este mismo esquema de simulación.
La invitación se extendió a jóvenes en toda el área metropolitana con cupo limitado por Municipio, según la publicidad que la propia organización circulaba.
Guerrero evidenció su intención de expandir su modus operandi a otros estados del País por publicaciones que realizó en su página de Facebook.
“Gracias a muchos empresarios del País vamos a financiar a 50 jóvenes (18 a 28 años) de cada Estado del País con una beca en mi escuela Ser 360 donde Hombres 360 y Mujeres 360 darán 4 capacitaciones al mes y a todos los jóvenes se les pagará 400 pesos por sesión”, publicó en la red social el 20 de junio del 2019.
Las empresas constituidas por el aspirante morenista siguen apareciendo en el padrón del programa.
Guerrero fue contactado para conocer su postura sobre los señalamientos y aunque quedó de mandar su respuesta por escrito, no la envió.
Dyvanhi Patricia González García, de 21 años y alumna de la Facultad de Medicina, se enteró en 2019 de los cursos que ofrecía el morenista en redes sociales.
Le pidieron sus datos para registrarla, aunque finalmente ella no aceptó.
Según datos del padrón único de beneficiarios del programa, a la cuenta de Dyvanhi se realizaron depósitos por 7 mil 200 pesos, monto que ella nunca cobró.
Otros dos casos de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que fueron registrados al Programa sin saber, fueron detectados en Santa Catarina.
Marcela García Rodríguez es una joven emprendedora, quien desde sus primeros semestres en la Facultad de Derecho inició con prácticas y posteriormente obtuvo un empleo.
Una conocida suya, integrante de la asociación estudiantil Avanza la inscribió en el programa. Posteriormente le dijo que acudiera a unas oficinas en San Nicolás a entregar la papelería con sus datos.
Nunca se le informó que era para la beca del Gobierno Federal de 3 mil 600 pesos al mes y sólo le dijeron que era para recibir un apoyo económico de mil pesos.
“A mí me metió una amiga que la había metido su amigo”, relató la joven de 20 años. “Me dijeron que le pasara mis datos y todo. Llené la papelería y se la entregué y ella se la entregó al muchacho y se encargó de todo”.
“Cuando me depositaron me dijeron que nada más me iban a dar mil pesos”. García fue inscrita en el 2019 y su último pago fue en noviembre de ese año.
De acuerdo con el padrón de beneficiarios a la cuenta a nombre de Marcela se depositaron 18 mil pesos, que equivalen a cinco meses de beca.
Otro joven estudiante de la UANL que pidió el anonimato, pero accedió a que su testimonio fuera grabado, aseguró que nunca dio sus datos personales a nadie ni realizó el registro a la plataforma.
Sin embargo, descubrió que existe una cuenta a su nombre en la que se realizaron dos depósitos de 3 mil 600 pesos cada uno.
El becario acudió al banco para confirmar la existencia de la cuenta y pudo revisar que se habían realizado dos depósitos en octubre y noviembre de 2019, mismos que fueron retirados de la tarjeta.
“Me sentí como robado con algo que nunca tuve en mis manos. Ya me da mucha desconfianza y hasta miedo de hacer algo porque tienen mi información”, concluyó.
MUCHOS RECURSOS, ESCASA VIGILANCIA
El déficit de inspectores en Nuevo León aunado a la laxitud de las reglas de operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro -que entre 2019 y 2020 ejerció casi 50 mil millones de pesos- ha permitido que se comentan presuntos actos de corrupción y se haga mal uso de los recursos públicos.
Esto debido a que en Nuevo León solamente hay 14 inspectores encargados de revisar a 2 mil 240 empresas y a 5 mil 649 aprendices vinculados al programa, según datos oficiales actualizados hasta octubre de 2020.
Sin embargo, las Reglas de Operación del Programa publicadas el 10 de febrero del 2020 en el Diario Oficial de la Federación no establecen un cronograma de revisiones y deja esta tarea a criterio de la delegación estatal, para que se realice de acuerdo con su capacidad financiera y recursos humanos.
Ante las anomalías detectadas en el programa se buscó una postura de Alicia Luna, responsable estatal del Programa, pero argumentó que no tiene autorización para dar entrevistas y remitió la solicitud a la coordinadora regional del programa, Ana Clara Armas.
“No tenemos autorización de dar entrevistas con la idea de que no nos hagamos publicidad, que no utilicemos los programas para andar dando entrevistas y cosas así”, manifestó Luna.
Armas también dijo que no tenía autorización para dar entrevistas, pero preguntaría en Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo.
“No tenemos autorizaciones, déjame lo veo con Comunicación Social de la misma Secretaría del Trabajo, a ver si ellos, ellos sí tienen la autorización, ellos al final del día son representantes y pueden hacerlo, pero (hay que) ver si tienen los tiempos y demás”.
NULA TRANSPARENCIA
En aras de comprobar el funcionamiento y correcta vigilancia del programa en cuestión, el equipo de investigación realizó 59 solicitudes de información a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y a la Secretaría de Hacienda, pero los datos no fueron entregados.
Las peticiones fueron rechazadas en diversas ocasiones desde el mes de junio y hasta octubre del 2020.
En ellas se requirió información sobre padrones de centros de trabajo, revisiones, quejas recibidas, aprendices y centros de trabajo sancionados, comprobantes en versión pública de pagos hechos a beneficiarios, número de aprendices que lograron ser contratados, entre otros datos.
Se justificó la negativa sobre la información relativa a los centros de trabajo alegando motivos de seguridad y a que éstos no reciben directamente los recursos públicos.
Además, declaran no contar con detalle sobre revisiones de sanciones impuestas, por lo que se interpusieron recursos de queja.
La dependencia federal aprovechó el cambio de fechas por la pandemia de Covid-19 e incumpliendo con dar aviso en la Plataforma Nacional de Transparencia, desechó el recurso al argumentar que estaba fuera de tiempo.
Ante esto, nuevamente se integraron solicitudes de información en agosto, septiembre y octubre, específicamente sobre las revisiones que de manera obligatoria se deben realizar en los centros de trabajo.
La información requerida se realizó a nivel nacional, estatal y por municipio.
Nuevamente, la STyPS no entregó información y respondió de manera idéntica a diferentes solicitantes que no se tiene contemplado ni regulado un padrón o soporte documental de los nombres de los Centros de Trabajo, ni de las inspecciones que realizan.
De esta forma, se negó reiteradamente la información y no fue posible verificar el trabajo de supervisión que la instancia responsable ha ejercido sobre los programas en los que se destinan recursos públicos.
OPERANDO SIN CONTROL
En el caso de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, los lineamientos que indicarían qué estaba permitido y qué castigo se aplicaría si no se seguían, llegaron poco más de un año después de que arrancara el programa.
El programa se puso en marcha el 1 de enero del 2019, pero las Reglas de Operación fueron publicadas hasta el 10 de febrero del 2020, en el Diario Oficial de la Federación.
En medio de este limbo legal, miles de jóvenes de entre 18 y 29 años, fueron dados de alta e iniciaron su capacitación.
Ese primer año, sin reglas, fueron atendidos 1 millón 120 mil 543 jóvenes, de acuerdo con información de la misma dependencia federal y el Presupuesto para el 2019 fue de 23 mil 915 millones de pesos.
Para el 2020, el monto de la beca se incrementó a 3 mil 748 pesos mensuales y el del Presupuesto pasó a 24 mil 956 millones de pesos.
Las reglas establecen que todo el proceso de registro y validación de información, tanto de los solicitantes como de los centros de trabajo, debe realizarse a través de la Plataforma Digital jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.
Como parte del registro, la plataforma pide a los solicitantes que compartan una fotografía con un código QR que deberán imprimir y que previamente les arrojó el sistema.
Sin embargo, la fotografía no es capturada en el momento, sino que permite a quien realiza el llenado de datos, adjuntar una fotografía antigua, incluso de una credencial de elector o tomada de cualquier red social, por lo que no hay ningún impedimento para que alguien ingrese una fotografía de otra persona.
La misma plataforma, apela a la buena fe de los futuros aprendices, al establecer la leyenda de: “declaro bajo protesta de decir verdad que no estudio y no trabajo y cumplo con los requisitos”.
Aunque dentro de las reglas se establece que es el IMSS el que auxilia en la verificación del solicitante, para determinar si está dado de alta como trabajador o estudiante, derivado de los casos detectados durante la investigación, se puede observar que no descartó a jóvenes que trabajaban.
Tampoco fueron descartados estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica y de Medicina, de la misma UANL.
EVALUACIONES Y AUDITORÍAS
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que las capacitaciones ofrecidas a los jóvenes no tienen mecanismos operativos ni un equipo que los verifique, ni retroalimentación sobre los planes de capacitación.
La revisión hecha al padrón de los centros de trabajo, indicó que no existe suficiente información de éstos, sobre el seguro médico que brindan a los jóvenes, las áreas en las que éstos laboran ni su estatus.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad cuestionó en agosto del 2019 la opacidad sobre centros de trabajo y becarios, y anomalías como la retención de becas y falta de verificación.
MCCI concluyó una falta de apertura de información de los Centros de Trabajo, lo que imposibilita realizar una verificación de su existencia; además de centros de trabajo fantasma, becarios utilizados para actividades que no aportan nuevas capacidades, y retención de beca, entre otras anomalías.
En julio de 2020 una auditoría del órgano interno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aplicada al primer año del programa, detectó también empresas fantasma, que no reunían los requisitos o que funcionaron ilegalmente como centros de capacitación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
De los 91 expedientes revisados, en 50 -un 55 por ciento- se encontraron anomalías, según la auditoría.
El Centro de Estudios Educativos y Sociales informó que en el primer año de operación del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan disminuyó sólo un punto porcentual.
Del primer trimestre del 2019 al mismo periodo en 2020 este grupo de población bajó de 21.3 por ciento a 20.2 por ciento, de acuerdo con el estudio publicado en julio del 2020.
Por el Covid-19 se estimó que la contracción económica generaría un aumento de 4.3 millones de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan, para un total de 10.6 millones de personas en esta situación.
Pese a los cuestionamientos que se han realizado al programa federal en los dos años de implementación, este proyecto insignia de la administración de López Obrador mantiene vicios que dejan abierta la puerta al mal uso de los recursos públicos.
Se buscó a la delegación estatal de la STyPS para cuestionarla sobre las irregularidades encontradas y denunciadas, pero redireccionó la petición a oficinas centrales, de donde no se obtuvo ninguna respuesta.