Con el objeto de elevar las sanciones previstas en el Código Penal del Estado de Sonora a quién cometa los delitos coalición, cohecho, peculado, concusión, uso ilícito de atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y contra la procuración de justicia, es la propuesta de iniciativa de la diputada Ernestina Castro Valenzuela.
“En Sonora, los actos de corrupción pueden ser castigados por la vía penal, administrativa y a través del juicio político, siendo las dos primeras las más empleadas, pero con poco efecto inhibitorio. La falta de sanciones severas en la legislación penal de nuestro Estado actualmente no inhibe a los servidores públicos o a los particulares para no cometer un acto de corrupción, máxime si tenemos una Fiscalía Anticorrupción que hasta la fecha ha dado pobres resultado desde su creación”, señaló.
Castro Valenzuela detalló que se busca modificar el título séptimo del Código Penal para que este denomine como delitos por hechos de corrupción, no solo a los Servidores Públicos, sino también los particulares.
Subrayó que cometerá el delito de cohecho el Diputado que en el ejercicio de sus funciones que durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo, o bien, gestiones o solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
Señaló que se propone modificaciones al delito de uso indebido de atribuciones y facultades previsto en el artículo 188 del Código Penal del Estado de Sonora, el cual se plantea que el servidor público incurrirá en ese delito cuando ilícitamente contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.
Explicó que la iniciativa constituye un esfuerzo para combatir la corrupción en cualquier esfera, ya sea en el gobierno estatal o municipal.