Por Mónica Miranda
Los Comités de Cuenca Río Sonora y Grupo PODER se pronunciaron en contra del fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este miércoles a favor de la reapertura de pozos que habían sido cerrados debido a la contaminación por el derrame de tóxicos de la Minera de Grupo México en 2014, sobre los ríos Bacanuchi y Sonora.
La decisión se tomó en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual ratificó reabrir los pozos de ubicados en Arizpe, Hermosillo y Ures pese a las denuncias de por parte de los habitantes de la zona del Río Sonora que señalaron presencia de manganeso y cianuro en los pozos.
Posterior a ello la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó la clausura de 36 pozos de estas cuencas, ante el temor de que hubieran sido contaminados, sin embargo, el 9 de octubre siguiente afirmó que análisis de laboratorio revelaban que el agua era apta para consumo humano.
Habitantes se opusieron a la decisión de la instancia por lo que interpusieron un amparo, ante la SCJN y presentaron un documento de transparencia que demostraba la existencia de manganeso y cianuro en dos de los pozos reabiertos por encima de los valores de referencia de Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Esta impugnación llegó hasta la SCJN, donde la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso negar el amparo y avalar con ello la apertura de los pozos, debido a que sus niveles de contaminación se encuentran dentro de los límites aceptables, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por escrito, la organización de PODER, quien lleva el asesoramiento legal de los Comités de Cuenca, explicó que desde el 6 de agosto de 2014, la primera exigencia de las comunidades ha sido que se garantice el acceso al agua limpia y suficiente.
“Los Comités de Cuenca hemos denunciado la situación de los pozos en el Río Sonora desde hace seis años, y en este último aniversario, hace unos pocos días, hemos insistido en el tema. La mayoría de pozos están abiertos, pocos se han clausurado. Incluso los que son materia del fallo de la Corte. Tampoco hay, que sepamos, planes de saneamiento o de reubicación de esos y de los demás pozos”.
A la fecha todavía no hay confianza en que el agua que llega a las casas esté completamente saneada.
El titular de la Cofepris, en diciembre de 2019, mencionó públicamente que se habían tomado muestreos a pozos de la región y confirmó que la contaminación persistía.