Hacia finales de 2019 en México había 306 obras hospitalarias cuya construcción se había dilatado y seguía inconclusa, 22 de ellas en los seis estados de la frontera norte: algo desfavorable para la población en el contexto de la crisis originada por la pandemia del Coronavirus. Sólo la infraestructura en el norte del país suma una inversión de cuatro mil 254 millones de pesos sin utilizar. Este reportaje analiza las causas que han detenido tres hospitales en el noreste del país: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los resultados van desde el favoritismo a constructores, el incumplimiento de anticipos de obras y fallas de supervisión gubernamental.
Por Miriam Ramírez
Con la colaboración de Armando Ríos y Melva Frutos
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Un arbusto silvestre con flores amarillas crece de entre los escombros. Alrededor montones de tierra, tablaroca destruida y pedazos de concreto. Los desechos desperdigados son testigos silenciosos de las irregularidades, fallas e incumplimientos que han retrasado por más de cinco años la apertura del Hospital Oncológico de Coahuila, un centro especializado en la atención de pacientes con cáncer y que ahora el gobierno federal pretende habilitar para atender la emergencia del coronavirus.
En el noreste de México existen al menos tres edificios de salud como el de Coahuila que han retrasado su operación por años y duplicado sus costos debido a deficientes manejos económicos y administrativos que han impedido que miles de habitantes accedan a mejores servicios de salud.
Al cierre de esta investigación, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sumaban 159 casos de Coronavirus (con corte al 3 de abril), sus gobernadores han pedido recursos federales para atender la pandemia como una catástrofe y han alertado que el tema migratorio coloca en mayor riesgo a la población de la región noreste. Sin embargo, en sus ciudades cuentan con infraestructura hospitalaria que acumula hasta seis años sin lograr concluirse.
La Secretaría de Salud federal durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto firmó tres convenios con los gobiernos de Rubén Moreira Valdez, en Coahuila; Rodrigo Medina, en Nuevo León, y Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas para construir y equipar hospitales de especialidades con recursos del fideicomiso del extinto Seguro Popular.
Debido a que estos proyectos no se concluyeron, al llegar los gobiernos de Miguel Ángel Riquelme en Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, se firmaron nuevos convenios federales para terminar los mismos hospitales pero tampoco se han logrado poner en operaciones.
Los proyectos que en origen debían estar terminados en un plazo de entre seis meses y un año, se prolongaron por cuatro a seis años más de lo proyectado.
La inversión inicial autorizada para los tres nosocomios, para infraestructura y equipamiento, fue de 979 millones 037 mil 435 pesos, pero tras las modificaciones, los retrasos y las suspensiones de las obras, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto tuvo que realizar un nuevo desembolso de 875 millones 845 mil 533 pesos para concluir los proyectos. Casi el doble del costo original.
Para los tres hospitales se autorizaron en total recursos por mil 854 millones de pesos. Hasta la fecha a las entidades se les han entregado mil 558 millones de pesos para la construcción y el equipamiento de los nosocomios que no han terminado.
Tras una revisión a los procesos de contratación de las obras, convenios de modificación de inversión y ampliación de plazos, así como a los informes de auditoría que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado a las dependencias estatales y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la dependencia encargada de administrar y operar los recursos del extinto Seguro Popular ahora transferida al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se logró documentar un esquema de violaciones y omisiones legales en que coinciden las diferentes dependencias de contratación de obra y adquisición de equipo médico en cada estado.
En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se repiten proyectos ejecutivos mal estructurados, retrasos en el pago de los anticipos a pesar de contar con el recurso autorizado, obras de mala calidad sin supervisión oficial y convenios modificatorios que se excedieron hasta en tres veces el plazo original para construir las obras.
También los tres estados del noreste repitieron la práctica de comprar el equipo médico antes de concluir la obra, material millonario que se encuentra empaquetado en bodegas y sin seguro contra riesgos.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado los errores y omisiones de los funcionarios responsables y ha ordenado sanciones administrativas, pero nada ha logrado que los hospitales abran sus puertas.
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En una lona empolvada que yace en el piso desde hace meses se observan imágenes que anuncian un impresionante hospital de especialidades que debió concluirse en diciembre de 2014, hace casi seis años. Se trata de la promesa de un nuevo Hospital General en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.
El nuevo centro de atención médica se construye justo frente al pequeño y antiguo hospital de Sabinas, que sólo atiende consultas con médico general. Para ser atendida por un especialista, la gente de Sabinas Hidalgo y de los pueblos alrededor tiene que tomar carretera hasta por hora y media para llegar a Monterrey y allá recibir ese servicio.
El proyecto para el Nuevo Hospital General de Sabinas Hidalgo inició en junio de 2014, cuando se firmó un primer contrato por casi 200 millones de pesos en el gobierno de Rodrigo Medina.
El hospital de Nuevo León es el proyecto más complejo de entre los tres hospitales del noreste revisados.
Para su construcción se han realizado nueve contratos distintos y uno de ellos fue rescindido porque supuestamente el contratista abandonó la obra, aunque la versión del constructor revela una serie de deficiencias e irregularidades por parte del gobierno del Estado y de la supervisión externa, a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ninguno de los nueve contratos terminó la obra en el plazo pactado, por eso tuvieron que autorizar 19 convenios modificatorios que prolongaron la construcción. El plazo pasó de uno a seis años. Tan sólo la primera etapa de la obra, que originalmente debía terminarse el 26 de diciembre de 2014, obtuvo tres convenios modificatorios que retrasaron la conclusión del contrato más de un año, hasta el 26 de febrero de 2016.
A mediados de 2016, ya entrado el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, la Secretaría de Infraestructura lanzó siete licitaciones al mismo tiempo para siete etapas del hospital: obra negra y exteriores, acabados, aire acondicionado, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y telecomunicaciones.
El paquete sumó otros 100 millones de pesos adicionales para el hospital.
Para los siete contratos se eligieron a seis empresas que acordaron el inicio de obras para el 1 de septiembre de 2016, con una fecha de conclusión del 28 de febrero de 2017, pero de nuevo, el plazo no se cumplió.
El inicio de por lo menos cinco contratos se tuvo que diferir porque el gobierno no entregó el anticipo a tiempo. Sin este recurso, el constructor no podría iniciar los trabajos.
Meses más tarde, la ASF observó esta práctica y aseguró que en ese momento el gobierno de Nuevo León ya contaba con los recursos para los anticipos, por lo que no había justificación para no entregarlos a tiempo.
“Los anticipos correspondientes no fueron puestos a disposición de las empresas contratistas con antelación al inicio de los trabajos, no obstante que se contaba con los recursos desde el 24 de junio de 2015”, señaló en su informe la ASF.
La práctica de diferir o suspender las obras por falta de recursos se repite en las tres entidades y se convierte en una de las principales razones por las que se retrasan las obras, sin embargo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (ahora INSABI) asegura que los gobiernos estatales han recibido los recursos en los plazos pactados.
Con los aplazamientos en el hospital de Sabinas Hidalgo las cosas comenzaron a complicarse y los retrasos de unas empresas afectaron a otras que no podían avanzar en las áreas que estaban trabajando; esto se documentó en las actas de los convenios modificatorios, en los informes de la ASF y en el acta de rescisión de contrato que se elaboró contra una de las empresas constructoras.
En diciembre de 2017, la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León inició el proceso para rescindir el contrato a Gerencia de Proyectos y Construcciones del Noreste S.A. de C.V., una constructora que había ganado la licitación pública para realizar los acabados del hospital, la última parte de la obra, en un plazo original que debía concluir en febrero de 2017.
El acta de procedimiento administrativo de rescisión de contrato consiste en 52 páginas, de las que se posee una copia, en donde se detallan los argumentos del contratista por los que no logró concluir el contrato y las respuestas que le da la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León.
De ahí se concluye que, aunque la empresa hubiese deseado iniciar su trabajo en tiempo y forma, le fue imposible porque: el gobierno estatal no entregó el anticipo original a tiempo, esto provocó que el inicio de trabajos de las otras compañías proveedoras se reprogramaran y terminó afectando en sus plazos a la contratista que se encargaría de los acabados.
El contrato de Gerencia de Proyectos y Construcciones del Noreste fue suspendido provisionalmente mientras los contratistas avanzaban en sus etapas. Sin embargo, el 22 de junio de 2017, cuando la Secretaría de Infraestructura le notificó a la empresa que ya podía comenzar, esta rechazó hacerlo porque, según denunció, había deficiencias de construcción en el inmueble.
El 1 de julio de 2017 el contratista pidió una nueva suspensión en la que argumentó “que el contrato depende de avances de los contratos de albañilería, aire acondicionado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas-sanitarias y telecomunicaciones, que a la fecha no han sido terminados y en algunos casos presentan detalles constructivos que requieren ser reparados, así como la falta de algunas instalaciones especiales importantes, como son gases medicinales”.
En la defensa que Gerencia de Proyectos y Construcciones del Noreste realizó en el acta de rescisión del contrato se enlistan por lo menos siete puntos en los que el contratista señala defectos de los otros contratistas, como la infraestructura hidráulica incompleta, inclinaciones en muros de concreto, columnas con exceso de dimensiones y el retraso en las instalaciones de gases medicinales, entre otros.
La Secretaría de Infraestructura aceptó que el constructor tenía la razón en todas las observaciones, pero respondió ante cada una de ellas que no eran un argumento válido para abandonar la obra y finalmente le rescindió el contrato.
La compañía también reveló a lo largo de su alegato que una empresa privada, INCA Ingeniería, Control y Administración SA de CV realizaba labores de supervisión externa sin tener ningún vínculo contractual con el Estado. Señaló que en varias ocasiones se les citó en las oficinas de la empresa y que eran notificados por personal de la empresa y no de la dependencia.
Ante esta reiterada acusación, la dependencia se limitó a responder que la supervisión externa estaba a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y negó la existencia de INCA en el proyecto.
A través de una solicitud de información pública, la UANL aseguró que no cuenta con ningún contrato con la empresa señalada Ingeniería, Control y Administración SA de CV. Lo que sí existe es un contrato entre el gobierno de Nuevo León y la UANL para que, a través de la Facultad de Arquitectura, se llevara a cabo la supervisión externa de la construcción del hospital en Sabinas Hidalgo y otro más en Montemorelos, Nuevo León.
Por ese trabajo, el Estado pagó a la UANL 12 millones 535 mil pesos, sin embargo, en las dos revisiones que la ASF realizó a la obra, una de las observaciones más recurrentes fue la falta de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluso se ordenó la intervención del Órgano Interno de Control.
“Los aplanados en los muros de las fachadas exteriores e interiores presentan agrietamientos, existe mal vibrado del concreto en trabes, dalas, castillos y columnas; las losas de entrepiso presentan desniveles en el edificio de la unidad de cuidados intensivos, se afectó la losa de azotea ya impermeabilizada de la casa de máquinas durante la colocación de los ductos de las instalaciones y para las instalaciones se ranuraron muros que ya habían sido aplanados”, advirtió la ASF después de un recorrido de verificación física que realizó el 7 de julio de 2017.
La Auditoría Superior de la Federación ha revisado dos veces la construcción del hospital Sabinas Hidalgo: una auditoría de inversión física en 2017, la 1224-DS-GF, y otra la auditoría de cumplimiento financiero en 2018, la 230-DS.
En esta última revisión la ASF observó que, a pesar de no haber terminado el hospital y presentar importantes retrasos en la infraestructura, en 2016 el gobierno del Estado compró mobiliario y medicamento por 119 millones 934 mil pesos.
Durante los últimos tres años, el mobiliario y equipo ha permanecido empaquetado en cajas de cartón en los almacenes del hospital, sin contar con seguro en caso de daño.
“Lo anterior demuestra deficiencias en la programación del ejercicio de los recursos por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), al autorizar pagos para el equipamiento de unidades médicas aún cuando no se contaba con las obras terminadas, y por no supervisar el avance de dichas obras, así como por parte de los Servicios de Salud del gobierno del estado de Nuevo León al no supervisar el avance de las obras, siendo que ya contaban con los recursos para su construcción”, concluyó la ASF en su informe del que se desprendieron promociones de sanciones administrativas en contra de los funcionarios responsables.
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A mediados de octubre de 2015 el huracán Patricia fue calificado como el más peligroso del que se tuviera registro en México. Conforme creció el meteoro recibió el título del más peligroso del mundo. Y aunque no generó los peores daños imaginados sí se convirtió en el pretexto perfecto para detener la construcción del Hospital General de Matamoros “Alfredo Pumarejo”.
Aunque la realidad era que las deficiencias en el proyecto ejecutivo eran el verdadero dolor de cabeza del constructor que había ganado el contrato para edificar un hospital con una inversión de 349 millones de pesos que, con el paso del tiempo, se duplicó hasta llegar a 868 millones de pesos.
El nuevo Hospital General de Matamoros se planeó construir originalmente entre el 10 de agosto de 2015 y 14 de septiembre de 2016, pero han pasado más de tres años y la obra aún no concluye.
A pesar de la inversión inicial realizada durante el gobierno de Egidio Torre Cantú, el recién llegado gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca contrató a otras tres empresas más para terminarlo: se le inyectó una inversión adicional de 243 millones 63 mil pesos para infraestructura y se adquirió equipo médico por 350 millones 611 mil pesos.
Las contrataciones que hizo el gobierno de Cabeza de Vaca fueron observadas un año después por la Auditoría Superior de la Federación, que acusó a la Secretaría de Obras de Tamaulipas de haber favorecido al ganador de dos de los contratos para el hospital.
Y de nueva cuenta en enero de 2020, la ASF acusó a la Secretaría de Obras de pagar conceptos de obra no realizados por más de 20 millones de pesos.
La ASF también encontró que el gobierno de Cabeza de Vaca compró equipo médico para el hospital por 350 millones 611 mil pesos pero éste no fue instalado en el nosocomio y tampoco se mantuvo vigente un seguro de riesgos para proteger el equipo.
La práctica de comprar el equipo médico antes de terminar el hospital, no instalarlo y tampoco asegurarlo, fue documentada en los tres hospitales revisados durante esta investigación en Coahuila, Tamaulipas, y Nuevo León.
En 2017, ya iniciado el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, se lanzaron tres licitaciones para terminar la construcción del hospital y para la supervisión de obra. Dos de los contratos, uno por 177 millones de pesos y otro por 18 millones de pesos, los ganó una sola empresa: Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos SA de CV (Tracotamsa).
En 2018, los procesos de licitación de esos dos contratos fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación, la cual acusó a la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas de utilizar mecanismos excluyentes para elegir al ganador de dos concursos: Tracotamsa.
También la acusó de haber realizado una valoración inequitativa de las opciones y de haber desechado las propuestas más bajas, además señaló que la Secretaría de Obras limitó el proceso de competencia y la libre concurrencia al haber otorgado sólo cinco días para adquirir las bases de la convocatoria.
“…se observó que la entidad fiscalizada limitó en los procesos de licitación la competencia técnica y económica y la libre concurrencia. La entidad fiscalizada adjudicó el contrato sin que resultara solvente la propuesta de la contratista, no reunió las condiciones técnicas y económicas requeridas por la propia entidad, ni garantizó satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, lo que vulneró el principio de asegurar al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles”, detalló la ASF.
Los dos contratos que se otorgaron a Tracotamsa iniciaron sin contar con los proyectos de arquitectura e ingeniería necesarios, según documentó la ASF al verificar los convenios de modificación, en los que quedaron registradas las irregularidades que de nuevo provocaron el retraso de la obra. Para ambos contratos se otorgaron tres convenios de modificación que prolongaron la construcción original de tres meses hasta un nuevo plazo de dos años.
En 2019, la ASF realizó una segunda auditoría al hospital y ahí encontró nuevas irregularidades en los dos contratos que ejecutó Tracotamsa.
Y es que un año antes, en junio de 2018, la Secretaría de Obras había autorizado el pago de 171 conceptos de obra en acabados, cancelería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, muebles sanitarios, instalaciones eléctricas, gases medicinales, mobiliario, elevadores y aire acondicionado por un monto de 18 millones 289 mil pesos.
Pero durante una inspección física hecha por la ASF entre el 7 y 10 de octubre de 2019, es decir, casi un año después de que se habían pagado, se encontró que los conceptos de obra no se habían realizado.
En la misma visita, la ASF encontró que también se habían pagado dos millones 340 mil pesos por el suministro y colocación de un asta bandera, una barrera automática vehicular, 35 botes de basura, 35 bancas de acero, cuatro paraderos de autobuses, seis mil 655 metros cuadrados de pasto, mil 271 metros cúbicos de tierra, 10 jardineras, ocho árboles y arbustos de encino roble, tres árboles y arbustos de encino, nueve árboles anacahuita, nueve árboles sicomoro, ocho palmas, 345 plantas de ornato, y una puerta automática deslizante.
Todos estos conceptos se tenían que haber instalado entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 y fueron pagados a partir del 22 de mayo de 2018, pero, al visitar el lugar, entre el 7 y 10 de octubre de 2019, la ASF encontró que no se habían instalado.
Por las dos observaciones de conceptos de obra pagados pero no realizados que suman 20 millones 629 mil 952 pesos, la ASF elaboró dos pliegos de observaciones en los que exige al gobierno de Tamaulipas que regrese el recurso. Además, ordenó que se inicien sanciones administrativas en contra de los funcionarios responsables.
Entre junio y agosto de 2019, los dos contratos de obra realizados por la constructora Tracotamsa obtuvieron una suspensión temporal de los trabajos en su totalidad y luego una ampliación de la suspensión, el argumento autorizado por la secretaría de obras fue: la presencia de palomas de ala blanca.
La ASF revisó las actas de la suspensión y ampliación y encontró que no se precisó si las suspensiones eran totales o parciales y tampoco se estableció el tiempo que durarían suspendidas las obras. Además, ordenó a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas que investigara si la presencia de las palomas realmente justificaba la suspensión total de los trabajos.
En septiembre de 2019 la Secretaría de Obras Públicas otorgó un cuarto contrato, ahora con la constructora Yenileme SA de CV, para obras complementarias en el hospital. Se autorizó una inversión de casi 43 millones de pesos más. Hasta la fecha, el hospital sigue inconcluso.
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Las letras doradas que se colocaron al frente del edificio han perdido el brillo y el logotipo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha quedado borrado con el paso del tiempo.
Desde lejos la infraestructura se ve concluida, pero al acercarse se pueden observar detalles que demuestran que el edificio aún no está totalmente terminado, como las instalaciones eléctricas al descubierto, techos de interiores sin plafón y aplicación de pintura en mal estado. Así lucía en octubre de 2019 el Centro Oncológico de la Región Sureste de Coahuila, sin embargo, en los últimos días marzo de 2020 al estallar la contingencia mundial por el Coronavirus el gobernador del Estado, Miguel Riquelme Solís anunció que este inmueble sería concluido de forma expedita para atender a pacientes contagiados por coronavirus.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha oficial para el inicio de operaciones pero el diario Vanguardia reportó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya evalúan las instalaciones del nosocomio para convertirlo en uno de los 10 hospitales en el país que atenderán la contingencia.
El Centro Oncológico de la Región Sureste de Coahuila, ubicado en Saltillo, muestra un esquema de irregularidades similar al que se presentó en Nuevo León y Tamaulipas: retraso en el pago de anticipos, deficiencias en el proyecto ejecutivo que luego derivaron en retrasos de la obra, convenios de modificación que excedieron lo permitido por la ley, así como la compra por 192 millones de pesos de mobiliario para el hospital que permanece embodegado.
En octubre de 2016, cuando la construcción llevaba un año más de lo pactado y se acercaba el plazo para concluirla, la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguarda retrasó el permiso para construcción de la sala de tratamiento para teleterapia con acelerador lineal. El incidente provocó que la construcción se detuviera cinco meses y reiniciara en marzo de 2017.
La caseta de acceso al Centro Oncológico guarda en su interior basura, cartones y escombro. Miriam Ramírez
En 2018 llegó una segunda etapa para el centro oncológico que fue ganada por la misma empresa que había edificado la primera etapa: Omah Constructores y Desarrolladores SA de CV.
Esta segunda etapa se enfocaría en equipar el centro oncológico y en terminar los detalles de construcción que habían quedado inconclusos en la primera fase, lo cual llevaría sólo 60 días, pero no fue así: en abril de 2018, un par de días antes de que terminara el contrato, Omah Constructores pidió una ampliación de tiempo argumentando que su proveedor tenía problemas con el abastecimiento de los equipos.
En el convenio de modificación se expuso: “el proveedor de los equipos informó que por causas ajenas a él, como lo es la afectación de la fluctuación del valor peso-dólar, se están generando bajos niveles de inventario, lo cual está ocasionando el retraso en la entrega de los equipos”.
El retraso en el equipamiento del hospital aumentó la espera por dos meses más, y luego vino una nueva ampliación por conceptos de “no contemplados en el catálogo original” que llevó hasta noviembre de 2018, y entonces se agotó el plazo con el gobierno federal que había concedido como fecha límite el cierre del ejercicio fiscal de 2018.
El gobierno del Estado se vio obligado a suspender el contrato de forma provisional hasta que consiguió un nuevo acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para invertir recursos de 2019. Entonces se estableció una nueva fecha, ahora para el 30 de agosto de 2019.
Dos meses después, el 30 de octubre de 2019, esta reportera realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Oncológico y observó que aún había personal trabajando en las adecuaciones del lugar y que todavía había escombro regado en las afueras del sitio. El plazo nuevamente se había incumplido.
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En junio de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Rubén Moreira en Coahuila firmaron el convenio para construir el Centro Oncológico de la Región Sureste, un hospital público especializado en enfermos con cáncer que sería único en Coahuila. Siete meses después, Rosa Angélica Lara García, una saltillense de 61 años, fue diagnosticada con cáncer de seno izquierdo en etapa tres.
“Positivo, y que empiezo a llorar con aquella desesperación, a grito abierto, lloré, lloré, grité, me tranquilicé y me dije: tengo que echarle ganas. Dios mío, estoy en tus manos”, recuerda Rosa Angélica, quien recibió la noticia frente a sus nietos, su hijo, dos hijas y su esposo.
La familia de Rosa Angélica la apoyó económicamente para realizar la operación de mastectomía -que se realiza antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia-, en un hospital privado de Saltillo, donde pagó al menos 45 mil pesos.
Después tendría que iniciar la quimioterapia, pero ésta sólo se realiza de forma gratuita en la clínica del IMSS en Monterrey, Nuevo León, una ciudad que está a una hora y 40 minutos de distancia en auto.
Durante ocho meses, Rosa Angélica y su familia viajaron entre Saltillo y Monterrey, por una carretera que es conocida por sus frecuentes accidentes automovilísticos.
Un día de abril del 2015 a las 6:00 de la mañana, Rosa partió de su casa en Saltillo rumbo a Monterrey para dar inicio a su quimioterapia. Recuerda ese día con claridad, no lo olvida.
En aquella misma fecha, la construcción del Centro Oncológico estaba detenida porque el gobierno del Estado no había entregado el anticipo a tiempo. Esta pausa retrasó la construcción un mes y medio más de lo pactado originalmente.
“Salía de las quimios a las 12 y media o una de la tarde. Nos veníamos a Saltillo inmediatamente, llegaba aquí y empezaba con vómito, a sentirme muy mal, con mucho frío. La familia fue un factor muy importante; es una terapia emocional. Ellos me veían sufrir porque era un proceso muy difícil”, expresa.
En verano, las diferencias en el clima entre Monterrey y Saltillo pueden ser de hasta 10 grados; cambios que Rosa padeció en los traslados de casi dos horas en el auto.
“De regreso me sentaba en el asiento de atrás, y aunque estaba el calorón en Monterrey yo me tenía que tapar. Me venía dormida, y donde me levantaba empezaba a vomitar. Fue un proceso muy difícil”, recuerda.
Cada 22 días había que experimentar la misma historia. “Sería el colmo que muera una en medio de la carretera, mientras vas a atenderte para sobrevivir a un cáncer”, cuenta.
Con distintos síntomas y otro diagnóstico, el tratamiento de Bertha María García Hernández, una saltillense de 49 años, se asemeja al de Rosa: ella también tuvo que trasladarse hasta Monterrey, aunque en el caso de Bertha los viajes fueron diarios durante un mes.
“Yo sabía que en Saltillo no se da ese tipo de tratamientos y cuando me dijeron que en Monterrey, sufrí. Monterrey siempre me ha dado miedo por el tráfico y mucha gente. Ese fue el primer desafío”, relata Bertha.
Para facilitar los viajes, Bertha cuenta que el IMSS rentaba autobuses que salían de la central de Saltillo a la central de Monterrey, los pacientes pagaban sus traslados entre su casa, las terminales y el hospital.
Cada día, Bertha salía de su casa a las 4 de la mañana para llegar a las 6 de la mañana en punto a Monterrey. A las 5 de la tarde terminaba su tratamiento y regresaba a su casa en Saltillo pasando las 7 de la noche, al día siguiente se repetía el mismo trayecto.
“Me causaba cierto nerviosismo el traslado, porque si me ponía mal en el trayecto, me daba vergüenza que fuera a presentar náuseas o algún desmayo porque vienen otras personas. Se me hacía incómodo, pero luego entendí que todos estábamos pasando por lo mismo”, expresó.
recibir tratamiento oncológico. Armando Ríos.
Rosa Angélica terminará su tratamiento oral en septiembre del 2020, y Bertha tomó su última pastilla el 31 de enero del mismo año. Ambas han enfrentado al cáncer durante cinco años, el mismo tiempo que ha tardado en concluir el Centro Oncológico del Sureste de Coahuila, en donde las dos mujeres podrían haber llevado una atención de mejor calidad.
“Le pusieron mucha crema a sus tacos para no terminarlo. Cuánto dinero gastan en otras cosas. Y hay tanta gente enferma de cáncer, niños chiquitos de todas las edades, jovencitos, señoras, señores, y dice uno: ‘qué gobiernos tan ingratos tenemos’”, expresó Bertha.
Para esta investigación se buscó una entrevista con la dirección de prensa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero debido al receso administrativo por la pandemia respondieron que no era posible.
Se contactó por mensaje de texto y a través de un correo electrónico a los encargados de prensa de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas; la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León y la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, quienes respondieron de enterados pero hasta la fecha de esta publicación no habían dado respuesta a la solicitud de entrevista.
De igual forma, se buscó de forma telefónica y se envió un cuestionario por correo electrónico a la constructora Tracotamsa, el cual fue contestado de recibido pero no se dio respuesta.