Para fortalecer las acciones de transparencia y Fortalecimiento de la democracia en el proceso electoral ordinario 2020-2021, con capacitación en materia de obligaciones, prohibiciones y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, iniciaron el programa de Blindaje Electoral por parte de la Secretaría de la Contraloría General, en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Sonora, como parte de los compromisos pactados por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, indicó Miguel Ángel Murillo Aispuro.
Acompañado por Josefina Rodríguez Espinoza, directora general de Contraloría Social; y de Nery Ruiz Arvizu, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del IEE y expositor en la reunión, el secretario de la Contraloría General encabezó esta capacitación virtual, y en donde resaltó la importancia de conocer las responsabilidades de los servidores públicos en el periodo electoral y evitar faltas o posibles delitos.
“Los delitos electorales siempre manchan los espíritus de débil convicción. Que conozcamos de sus por menores, es entonces fundamental para el engranaje de la democracia, a menor cantidad de delitos electorales, mayor solidez y confianza tendremos en las instituciones”, afirmó.
Este proyecto lo trabaja la Secretaría de la Contraloría General de manera coordinada con el Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana, presidido por Guadalupe Taddei Zavala, detalló Murillo Aispuro, con el objetivo de brindar difusión, capacitación, prevención y atención en materia de obligaciones y prohibiciones, así como de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas durante el proceso electoral ordinario 2020-2021, para evitar actuaciones indebidas o el uso inadecuado de programas y recursos públicos.
Agregó que uno de los principales objetivos es informar a todas las personas que desempeñan un cargo o comisión en el gobierno acerca de las conductas y acciones que deben evitar para no incurrir en una responsabilidad electoral y/o administrativa, entre las que se encuentran las de condicionar la prestación de un servicio o programa de gobierno, así como la utilización de obras o de recursos públicos para favorecer a algún candidato o partido.