La base de datos creada para este reportaje muestra claramente varios ejemplos de esta falta de transparencia.
El 6 de agosto de 2009 se presentó a través del sistema electrónico INFOCOAHUILA una solicitud para la Procuraduría Social y de Atención Ciudadana en la que se pedían los documentos referentes al programa “Monedero de la Gente”, programa simbólico durante el gobierno de Humberto Moreira.
La solicitud requería el monto del recurso asignado en 2008 y 2009, la reglas de operación, la lista de beneficiarios y los montos entregados a cada uno de ellos.
La respuesta de la Procuraduría se centró en subrayar los errores del solicitante en el nombre y año de inicio y en responder con información general acerca del programa que realmente se llamaba “Tarjeta de la Gente”.
Sobre la lista de beneficiarios y el recurso entregado se dijo incompetente y aseguró que era la Secretaría de Finanzas la responsable de esos datos, pero no entregó documentos que acreditaran sus dichos o lo solicitado y la respuesta fue tan cercana al tiempo límite que esto acortó las posibilidades de una queja ante el ICAI.
En este mismo lapso se encontraron 26 recursos de revisión por las negativas de diferentes dependencias para desglosar los montos del presupuesto ejercido en programas sociales, la selección de los beneficiarios y, principalmente, para hacer pública la identidad del ciudadano encargado de recibir el apoyo y distribuirlo entre los coahuilenses beneficiarios.
Las razones que utilizan las dependencias para evitar el acceso a la información son variadas: “la respuesta está integrada por una alta cantidad de información que es imposible entregarla como lo pide el ciudadano”, -ese es el revés más usado -, “la carga de trabajo de la dependencia es tanta, que entregar la información afecta el desarrollo de la oficina”, “las áreas encargadas de entregar la información no cuentan con archivos en el nivel de desagregación como lo solicita el ciudadano”.
ICAI consiente a finanzas
La Secretaría de Finanzas (SEFIN) fue una de las dependencias que más resaltó en el análisis realizado para esta investigación.
Se revisaron 178 dictámenes enfocados en la SEFIN y en el 82% de los expedientes no hay evidencia contundente de que se haya cumplido con la entrega de información, a pesar de que el Consejo General del ICAI aseguraba lo contrario de forma unánime.
En los últimos ocho años el interés de la ciudadanía por conocer los movimiento de la SEFIN ha ido en aumento, pero la dependencia ha logrado evadir este derecho y el ICAI parece que la ha respaldado.
En un recurso de revisión identificado con el número 346/2018, una ciudadana solicitó a Finanzas conocer cómo se gastan los recursos destinados a viáticos, desglosado por funcionario, concepto del gasto, monto y fecha.
La solicitante asegura que no recibió la información y Finanzas dice que sí la adjuntó.
Al momento en que el ICAI entró como mediador, el consejero Javier Díez de Urdanivia de Valle propuso respaldar las respuestas de la Secretaría de Finanzas, pues efectivamente se proporcionó la evidencia de la entrega de la información, era un documento borroso e incomprensible. Esta decisión fue confirmada por unanimidad en el Consejo del ICAI.
La reserva de documentos es otra de las prácticas recurrentes por parte de la dependencia, y aún y cuando los consejeros revocaban las reservas, la secretaría lograba evadir la entrega de la información en su totalidad y al final en el expediente se daba por cumplida la petición del ciudadano.
Otro ejemplo se encontró en el recurso de revisión 350/2018 en el que se solicitaron las cuentas bancarias en donde la dependencia recibe los depósitos de recursos públicos y sus saldos a noviembre de 2017.
La decisión de la secretaría fue reservar la información.
El solicitante interpuso un recurso de revisión y el entonces consejero Alfonso Villarreal Barrera propuso revocar la reserva al indicar que es información pública y se ordenó su entrega. La SEFIN desacató la orden y el secretario técnico del ICAI, José Vega Luna, emitió un dictamen de incumplimiento.
Semanas más tarde la dependencia le informó al ICAI que permitiría al solicitante la revisión en sitio de los documentos, con esto logró un nuevo dictamen, en este caso de cumplimiento, y logró evadir cualquier tipo de sanción.
Pero en el expediente no hay ninguna evidencia del acceso a los documentos y el solicitante aseguró que nunca fue notificado para acudir a la dependencia y por lo tanto no obtuvo los datos.
Esta modalidad de “dar acceso en sitio” es considerada como una intimidación por parte de las dependencias, asegura el ex consejero Alfonso Villarreal, quien además asegura que en su paso por el ICAI fue testigo de la falta de voluntad de diferentes órganos de gobierno para entregar la información que les solicitaban y de cómo recurrían a diferentes recursos para evadir el acceso a los datos.
Todo contra el ciudadano y la prueba del daño
Algunas de las prácticas detectadas durante la revisión de los mil 214 expedientes acumulados fueron la predisposición a que ciertas preguntas ponen en riesgo la estabilidad económica y la seguridad del estado, negar la información al declararla reservada, confidencial o inexistente para después condicionar la entrega a través del pago excesivo por copias, ordenar acudir sin acompañantes, sin grabadoras o libretas para hacer anotaciones.
Todo para que el ciudadano pierda el interés por ejercer su derecho de acceso a la información.
Cuentas públicas, auditorías o el seguimiento a éstas fueron desclasificadas como información confidencial o reservada, de acuerdo con los argumentos de los consejeros, pero desde 2015 volvió a estar vigente la idea de que si los ciudadanos conocían información sobre temas relacionados con aspectos financieros, deudas, apoyo a empresas y pago de proveedores, se arriesgaba la seguridad del estado y la estabilidad económica.
“Se convirtió en una política de los sujetos obligados que si los ciudadanos preguntan por esto (corrupción o seguridad), la respuesta es: reserva, reserva, reserva”, explica Ricardo Reyes Márquez, miembro de la organización Artículo 19.
En la revisión de los expedientes se encontraron 14 recursos de revisión, emitidos entre 2015 y 2016, en donde se determinó la reserva o confidencialidad por parte de autoridades como la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social, Finanzas, Comisión Estatal de Seguridad, Desarrollo Económico, y la Procuraduría General de Justicia. Y aunque los consejeros determinaron que era necesario modificar o revocar dicha clasificación, se encontró que sólo en cuatro de estos casos se entregó la información.
Pero en siete de estos 14 casos no había acuerdo del Comité Interno, que por ley es el que debe determinar la clasificación de la información, y en el caso de organismos como la Comisión Estatal de Seguridad dicho comité ni siquiera existía, por lo que se dio tiempo para integrarlo y determinar la reserva de la información.
En los recursos de revisión se observaron casos en donde el sujeto obligado pidió a la Secretaría Técnica del ICAI tiempo adicional para cumplir con las resoluciones que le imponía el instituto tras determinar el incumplimiento en la entrega de la información. El ICAI accedía a pesar de que esto no es lo que establece la ley. De igual forma se encontraron dictámenes de cumplimiento en segunda vuelta, lo cual no aparece en la legislación, y otros que tardaron hasta un año en resolverse, mientras el ciudadano pierde su derecho a presentar el recurso si lo hace minutos después del tiempo establecido.
Un ejemplo de lo anterior se encontró en el expediente 914/2018, en el que un ciudadano solicitó a la Secretaría de Salud conocer al proveedor de recetas, las recetas emitidas y una bitácora del movimiento de medicamentos.
Inicialmente la dependencia negó tener la información, por lo que el solicitante inició un recurso de revisión y el consejo del ICAI revocó la respuesta. La siguiente pared fue que la dependencia aceptó entregar la información después de un pago de 167 mil 335 pesos.
Esta primera declaración de inexistencia de información se ha convertido en uno de los principales argumentos de las dependencias gubernamentales como respuesta al ciudadano. Su utilidad recae en que puede utilizarse para responder a una solicitud o al recurso de revisión.
“Este es un patrón muy similar en la mayoría de los estados; su tipo de respuesta es de inexistencia, incompetencia y ya en determinados casos, principalmente con temas de seguridad, deciden clasificar la información”, asegura Reyes Márquez.
Lograr esta declaratoria de inexistencia tampoco es simple, tiene que venir acompañada de un acta del Consejo o Comité Interno de Transparencia de la dependencia requerida en donde se asegure que se realizó “una exhaustiva búsqueda de la información solicitada”.
Esta minuciosa búsqueda muchas veces es acompañada por varios documentos de otras áreas, pero en otras ocasiones el sujeto obligado no adjunta nada que sustente su respuesta. Y a pesar de esta ausencia de comprobantes, el ICAI da por entregada la información.
¿Quién vigila al ICAI?
Para los coahuilenses es difícil conocer el trabajo que realiza el instituto encargado de velar por el acceso a la información.
La falta de actualización en su sitio web se suma a que los expedientes de los ciudadanos que interponen recursos de revisión no son públicos y el archivo del instituto no tiene soporte digital ni un área para consulta en su sitio.
En esta investigación se sistematizaron más de mil expedientes y para lograr la construcción de la base de datos con estos mil 214 casos fue necesario esperar cuatro meses, pues su entrega inmediata afectaba la labor del instituto.
La elaboración de esta base tuvo el objetivo de conocer el desempeño de los consejeros del ICAI y el panorama completo sobre sus resoluciones en cumplimiento o incumplimiento de los sujetos obligados, pero el propio reportaje muestra que tener esta información depende de la disponibilidad de personal y la carga de trabajo en turno.
Para algunos activistas el mismo ICAI necesita un ente que los vigile, pues el esfuerzo doble que tienen que hacer para obtener datos requiere de un organismo en el que crean plenamente.
“En Coahuila nos hemos enfrentado a que no hay información en los portales oficiales, no está completa y tenemos que hacer uso de algunas solicitudes de información o incluso de recursos de revisión”, explica Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna, asociación civil dedicada al análisis de información pública.
El Consejo Cívico ha propuesto órganos internos de control que cumplan cierto perfil, justamente para garantizar que su actuar sea eficiente.
Una de sus principales propuestas se basa en el diseño de convocatorias que reúnan mejores perfiles para ocupar el puesto de consejeros.
“Desde las designaciones y desde cómo están diseñadas las convocatorias para ocupar estos puestos, desde ahí creo que nacen ciertos vacíos que dejan al margen la participación de ciudadanos con solvencia moral, y solamente se privilegian perfiles que ya trabajaron en la función pública y que de alguna forma tienen compromisos…”.
Contrario a todo esto, para el consejero Presidente del ICAI, Luis González Briseño, el organismo no necesita una vigilancia externa.
En caso de que el ciudadano no se sienta conforme con la forma en la que resuelven las solicitudes el camino es muy simple, recurren al juicio de amparo -un proceso que tarda alrededor de seis meses- o al propio INAI -recurso que apenas nació en julio de 2017-, asegura González Briseño.
Pero el problema del acceso a la información reside en que es un ejercicio para el que se necesita tener un conocimiento previo y en que la ley, al parecer, fue diseñada para cansar al ciudadano, asegura el maestro en Ciencias Políticas, Miguel Ángel Ordaz Espinoza. A esto se le suma la poca capacitación por parte del ICAI.
“Se limitan a llevar cursos a diferentes lugares, pero solo les interesa que les firmen la lista de asistencia para justificar que se hizo el trabajo. No se enfocan en la calidad o actuar de los ciudadanos y mientras el solicitante no conozca cómo funciona y qué es lo que quiere, es muy difícil que tenga acceso a lo que busca conocer”, asegura Ordaz Espinoza.
Actualmente en Coahuila, la transparencia en las acciones y toma de decisiones del Consejo General del ICAI ha quedado al margen, no forma parte de la agenda pública, pues el acceso a la información y las trabas que enfrentan los ciudadanos se ha centrado en los sujetos obligados y no en garantizar la eficiencia y transparencia en las resoluciones de los consejeros.
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers